A propósito del escándalo de la feria de subsidios con cargo a los recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), hay que recordar que el mismo nació en el curso del proceso de negociación del TLC con los EEUU. Sus negociadores empezaron diciendo que con dicho tratado no habría perdedores, pero luego ante la reticencia del sector agropecuario para respaldar los términos de la negociación y ante el afán de allanarle el camino al cierre de la negociación primero y a la ratificación del TLC después el gobierno accedió a implementar dicho programa, dizque para compensar a los perdedores en el sector agrícola y con tal fín se tramitó la Ley 1133 de 2007.

Resulta, que el TLC con los EEUU no ha sido ratificado, por lo tanto no ha entrado en vigencia y en consecuencia nadie puede estar perdiendo por cuenta de su entrada en vigor, pero se las ingeniaron para disponer de $500.000 millones anuales que son los que se estan "regando" y "drenando" a través de esta piñata en que se ha convertido el reparto de dichos recursos. En un país en el que, según los más recientes resultados del estudio contratado por el gobierno sobre la pobreza se muestra que el campo lleva la peor parte de ella (mientras el porcentaje de pobres en las ciudades es del 39%, en el campo es del 65%) e indigencia (32.6% contra el 6.8% en las grandes ciudades), amén de su afectación por el desplazamiento forzado, que en un número mayor a los 4 millones de colombianos deambulan sin esperanza en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, se denota en la denuncia que hace la revista cambio que los beneficiarios de dichos subsidios se concentran en la élite colombiana, entre los validos del gobierno, que son quienes menos lo necesitan.

Manda cáscara el ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, al pretender hacerle creer al país que con ello se está contribuyendo a "reducir la pobreza en el campo", como lo prevé la Ley de marras, cuando lo que se está haciendo en la práctica es concentrar aún más la riqueza en manos de unos pocos afortunados. La Ley establece claramente que con ella se trata de "promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía", luego, al momento de interpretarla y aplicarla el gobierno no puede hacer abstracción de uno de sus objetivos, el que debería ser prioritario a la hora de calificar los proyectos sometidos a su consideración y asignarle tales recursos, tal es la reducción de la desigualdad. Sostener, como lo hace Julián Alfredo Gómez, Director de Agro Ingreso Seguro, que los favorecidos "participaron en igualdad de condiciones con los demás aspirantes  y cumplieron con todos los requisitos y criterios de evaluación técnica, ambiental, financiera y productiva". Pero, qué igualdad de condiciones puede haber entre quienes, como dijo él "ganaron en franca lid", pero prevalidos de sus influencias y conexiones con el alto gobierno, y aquél agricultor carente de lo uno y de lo otro? Bien se ha dicho que el derecho a la igualdad entre desiguales es el derecho de la desigualdad, sobre todo cuando esta es producto de la discriminación y la exclusión social. Es muy célebre la frase que acuñó el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, en el debate en el Congreso a propósito de la adjudicación de una Zona Franca a los hijos del Presidente, en el sentido de que "la ética es la Ley"(Sic!), para él "la Ley es el único standard para decir si un funcionario público cumple con lo que le designa la sociedad" y este paradigma ha venido haciendo carrera entre los funcionarios de este gobierno. De allí su laxitud; a ello se refería Carlos Lemos Simonds cuando aludía a dicho comportamiento, asemejándolo al hímen complaciente, pues en apariencia quienes así actúan nunca pierden su estado virginal.  A él hay que recordarle la sentencia del derecho romano, en el sentido de que no todo lo que es lícito es honesto (non omne quod licet honestum est).

Hay que recordar que estos subsidios dispensados por el gobierno, se vienen a sumar al cúmulo de gabelas tributarias concedidas al gran capital, que sobrepasan los $7.4 billones anuales y que junto con las "compensaciones" a los exportadores por las supuestas "pérdidas" atribuidas a la revaluación del peso le cuestan un ojo de la cara al resto de los colombianos. Mientras tanto, al programa bandera del gobierno en el frente social, Familias en acción, le asignaron $4 billones para el cuatrienio 2006 – 2010 para 1.742.000 familias en todo el país. Cómo contrasta la cicatería del gobierno para con los de abajo y su generosidad para con los de arriba! Para los de abajo sólo lñas boronas que caen de la mesa del rico epulón. Por ello se ha dicho de este gobierno que se comporta al revés de Robin Hood, el mítico personaje que le quitaba a los ricos para darle a los pobres; aquí, más bien, le quitan a los pobres para darle a los ricos. Este es el típico caso en el que las políticas públicas dan lugar a la selección adversa y perversa, debido en gran medida en el caso específico de los recursos de AIS a la asimetría en la información y en no pocos casos al tráfico de información privilegiada, los cuales propician el ventajismo y las avivatadas de quienes además del poder económico hacen valer su poder político. No hay derecho que ello ocurra mientras el Presidente Uribe en su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas alardeaba de los avances de su gobierno en el propósito de buscar la confianza, teniendo en la cohesión social uno de sus tres pilares. Así, señor Presidente, no se construye cohesión social!.

Bogotá, septiembre 25 de 2009
www.amylkaracosta.net

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