El presidente Uribe cayó en la cuenta de que el ajuste fiscal tiene sus límites y afirmó que “Los miembros de la Junta del Banco han entendido que la situación actual requiere una solución integral, incluyendo al banco central y a los mercados la situación actual requiere una solución integral”; por lo que, para salir del atolladero, hay que atacar los otros flancos del desbarajuste fiscal. La deuda se ha constituido en el nudo gordiano de este, ya que junto con el pago de pensiones y las transferencias, constituye el primer rubro en importancia en el presupuesto general de la Nación, convirtiéndose en un pesado fardo para las finanzas públicas. El total del servicio de la deuda para el año 2004 asciende a $27.8 billones, de los cuales el 46% corresponde a intereses, que ya absorben el 33.2% de los ingresos tributarios. El promedio de la deuda del gobierno central entre 1923 y 1998 fue de 11.7% del PIB y en los periodos de mayor endeudamiento se mantuvo por debajo del 17% del PIB. En sólo 5 años, entre 1998 y 2002, este promedio se disparó al 37,8% del PIB. Cuando la deuda pública de un país supera el 40% del PIB se encienden las alarmas y Colombia hace rato pasó por ahí;  con el 52.8%, sólo superado por Brasil en Latinoamérica, está bordeando los límites de su insostenibilidad. Ello hace imperativo reducir el peso de la deuda en el gasto público y de paso enjugar el déficit primario que acusan las finanzas del gobierno central.

A raíz del fallo proferido por el Consejo de Estado, anulando la elección de gobernador en La guajira y ordenando la realización de nuevos escrutinios, quienes sintieron vulnerados sus derechos reaccionaron airadamente y se resisten a aceptarlo. Hasta allí todo es normal y la misma normatividad legal prevé el conducto regular para hacer valer sus derechos, si ellos se han visto conculcados. De hecho, ya solicitaron la aclaración de la Sentencia y les queda la instancia del recurso de súplica, si hay lugar a ello.

Tenemos que ser conscientes de los tiempos procelosos que se nos deparan; de una época de cambios estamos transitando irremisiblemente hacia un cambio de época. La globalización y sus nuevos paradigmas nos imponen un nuevo escenario, que es en el que nos corresponde actuar. No podemos, entonces, enterrar la cabeza en la arena y desconocer esa realidad, que se nos impone por fuerza de las circunstancias, de las que no podemos hacer abstracción. Muchas son las decisiones que hoy en día escapan al control de los países, limitando su soberanía y redefiniéndola en función de los nuevos desafíos, de un mundo que después de la guerra fría se transformó en unipolar. No basta, entonces, con saber qué hacer aquende nuestras fronteras, sino que es preciso tener claridad en las actitudes a asumir en la aldea global en la que habitamos todos; no podemos perder de vista, entonces, el contexto global, al tiempo que debemos mantener el polo a tierra, sintonizándonos con lo local; eso sí, sin caer en el aislacionismo; es lo que algunos entendidos han preferido denominar visión glocal.

Luego del Concepto proferido por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, en el sentido de que al Contrato suscrito entre ECOPETROL y la Chevron – Texas no le es aplicable el concepto de producción incremental previsto en la Ley 756 del 2.002, el gobierno, en este caso la Agencia Nacional de Hidrocarburos(ANH), deberá tomar las determinaciones al respecto, tendientes a renegociar los términos de dicho contrato. Aunque los conceptos como tales no obligan, en este caso sí, puesto que fue el propio Presidente de la República quien, al mediar en la controversia que se había suscitado entre la Contraloría General y el Ministerio de Minas y Energía, planteó como salida al impasse elevar dicha consulta al Consejo y acoger su concepto, cualquiera que él fuera. De esta manera se zanjó una discrepancia de fondo sobre la política petrolera, que tiene que ver no sólo  con este contrato, sino que  de este modo se  sentó doctrina por parte del alto Tribunal, al dejar claramente establecido que no se puede confundir producción incremental con incremento de la producción. Un concepto en sentido contrario habría tenido un efecto dominó, pues Caño Limón y Cusiana, entre otros, se habrían acogido al mismo, con todas sus consecuencias adversas para el país..

Mucho ha dado de qué hablar la devolución del Proyecto de presupuesto presentado por el gobierno el 29 de julio a la consideración del Congreso. Cada quien le ha dado su propia lectura a tal decisión, que tiene su antecedente más remoto en los gobiernos de Betancur y Barco, que pasaron por las mismas. No es esta, entonces, la primera vez ni será la última que el Congreso de la República, en pleno ejercicio del control político, toma tan drástica decisión. Extraña por ello que el Ministro de hacienda haya salido a desgarrarse las vestiduras, reprochando al Congreso, mientras algunos paniaguados del gobierno se desgañitan vociferando que esta se trata de una decisión política. Claro que es una decisión política; acaso no se han percatado de que estamos regidos por una Constitución política y no tecnocrática?