Este fue el título de la primera crónica escrita por Gabriel García Márquez después de haber sido laureado con el Nóbel de Literatura, a propósito de la muerte de otro grande de las letras, Ernest Hemingway. En este país, en el que ya nos hemos acostumbrado a que los padres entierren a sus hijos y que los maestros entierren a sus alumnos, el que alguien muera de muerte natural, como diría Jorge Robledo Ortiz “con esa muerte elemental y simple”, es noticia. Esta vez se impuso la lógica del ciclo de la vida: Abel Antonio Villa enterró a sus padres y sus hijos a él; además, enterró a sus maestros y ahora sus discípulos, que son muchos, lo enterraron a él. En un pié forzado entre la vida y la muerte, en la que se debatió al final de sus días, esta le ganó la partida a aquella teniendo por única razón la premonición del propio juglar de que Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Hace 63 años sus familiares lo dieron por muerto y lo velaron cinco de las nueve noches de guardar, cuando él reapareció entre los vivos diciendo que Abel Antonio no muere todavía.

En los últimos días se ha suscitado una gran controversia en torno a la construcción del gasoducto que unirá los campos gasíferos en La guajira con el Lago de Maracaibo en el Estado Zulia venezolano. Lo más insólito es que ello sólo ocurre cuando se estaba a punto de iniciar las obras civiles para el tendido de la tubería que transportará el gas, no obstante que estábamos advertidos de la gestación de dicho proyecto hace mucho rato. En escrito que publicamos el 7 de julio del año anterior (¡!), habíamos llamado la atención sobre la envergadura del proyecto, las características del mismo y sobre el impacto tendría para las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del mismo. Pero, mis palabras cayeron en el vacío, pocos se dieron por aludidos, los más se comportaron como quien oye llover, mejor dicho no nos pararon bolas. Mientras tanto, el proyecto avanzaba inadvertidamente, llenando los requisitos de Ley para su cabal desarrollo, entre ellos el de la Licencia ambiental, que a la postre le fue expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

El fallo del Tribunal administrativo de Cundinamarca sobre el TLC, al considerar  una Acción popular incoada por Efraín Barbosa Rojas, basada en el artículo 88 de la Carta y en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, como “procedente, conducente y necesaria para amparar de manera preventiva los derechos colectivos” en él comprometidos, le cayó al gobierno como un baldado de agua fría; los ministros, los negociadores por Colombia de ese esperpento y hasta el propio Presidente Uribe quedaron atortolados, pues ellos no se lo esperaban, sobre todo cuando se encontraban en pleno forcejeo por lograr cerrar a todo trance la negociación del Tratado. Dicha providencia no pudo ser más tajante, al ordenar de forma terminante tanto a la Canciller como a los negociadores, así como al señor Presidente de la República, “abstenerse de la suscripción parcial o total y/o la refrendación de acuerdo alguno, que resulte lesivo de los intereses colectivos…”.

Cómo no va a ser sorprendente que el Presidente – candidato, Alvaro Uribe Vélez, obtuviera una votación de 7´363.297, 1´500.642 votos más que hace cuatro años, cuando igual que ahora fue elegido en primera vuelta y 2´000.000 de votos más de los obtenidos por la coalición uribista en la reciente elección del Congreso de la República. También resulta sorprendente el bajonazo de Serpa, como candidato del liberalismo, al pasar de 3´514.779 votos hace cuatro años a sólo 1´400.582 el 28 de mayo, menos del 40% (¡!), apenas 215.234 votos más de los que obtuvo en la consulta del Partido Liberal en marzo para escoger su candidato, pues los restantes 1´326.620 depositados en la misma se esfumaron. A todo señor todo honor, la gran revelación de la jornada del pasado domingo lo fue Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo (PDA). De 680.245 votos que puso Lucho Garzón, como candidato del Polo en las elecciones presidenciales del 2002, se pasó a 2´608.914 votos por Carlos Gaviria.

POCO DURÓ LA DICHA

El gobierno de Uribe arrancó el año con el pié izquierdo. Después del sonoro pupitrazo con el que se le impartió su aprobación por parte del Congreso de la República a la esperpéntica Ley Forestal al final del período legislativo anterior, esta tuvo su traspié al momento en que el Presidente de la República se aprestaba a sancionarla. Como dice el refrán, en la boca del horno se ahuma el pan. La euforia del Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, la noche del 15 de diciembre luego de su aprobación por parte de la aplanadora uribista, cuando salió del Capitolio brincando en un solo pié de la felicidad, dio paso a su decepción ante la súbita decisión del Presidente Alvaro Uribe Vélez de objetarla. Ello resultaba tanto más inverosímil habida cuenta de que el proyecto de ley se tramitó a instancia del ejecutivo, quien fue el de la iniciativa. A pesar de las críticas, de los reiterativos llamados de la comunidad científica y ambiental, el gobierno se empecinó en sacar este engendro adelante y lo defendió a capa y espada, acolitado por sus adláteres en el Congreso, que no dan puntada sin dedal, empeñados como estaban en ferrocarrilear su aprobación. No valieron las súplicas del Contralor General y del Procurador, tampoco las observaciones de los ex ministros de Medio Ambiente ni de los expertos; todas las sugerencias fueron desechadas olímpicamente.